"Así nos desaceleremos en la actividad económica, acabemos la corrupción": presidente de ACIEM

Entrevista con el diario El Espectador 

Antonio García es el presidente nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM, gremio que este mes celebra sus 60 años de existencia. En diálogo con El Espectador, se refirió a varios temas que son de interés para este órgano consultivo del Gobierno.

En cuanto al más reciente debate en la industria de las telecomunicaciones, el fallo de un tribunal de arbitramento que obliga a Movistar y a Claro a pagar cerca de $4,7 billones a la Nación, cree que esa es una decisión que debe cumplirse y que no hay razones para que se afecte el desarrollo del sector ni, particularmente, la subasta de la banda de espectro de 700 MHz, la más codiciada por los operadores móviles, por sus características de cobertura y velocidad.

Es algo beneficioso aunque para los operadores no estén dadas las condiciones. Si esperamos a solucionar todos los problemas y se tranca la subasta, estaríamos retrasando mucho el desarrollo tecnológico. Esa banda nos permitirá llegar a zonas rurales apartadas. Debe hacerse lo antes posible y, paralelamente, se tienen que solucionar otras discusiones. Cada cual tiene sus razones, como los problemas de inequidad o de mercados dominantes que existen, pero creo que eso se debería ir trabajando en paralelo con la entrada de la banda de 700 MHz.

Ha habido críticas de que al Mintic le ha faltado liderazgo en las discusiones respecto a la disrupción de la tecnología en diferentes sectores de la economía. ¿Qué opina?

Más que falta de liderazgo, creo que ha habido una confusión a nivel de todo el Gobierno. Uber o Airbnb son la punta del iceberg en el desarrollo tecnológico que se viene. Hablar de Uber es hablar del pasado. Hoy ya hablamos de autos sin conductor. Esto exige una regulación acorde con el desarrollo. Y tienen que intervenir todos: DNP, Mintransporte... Una mesa de trabajo intergubernamental para dar soluciones. El Mintic no puede decir de un momento a otro “esto es ilegal, acabémoslo”. El precedente jurídico sería gravísimo. No es un problema sencillo. La tecnología está pasando por encima de nuestros esquemas institucionales. Vi con buenos ojos que el tema llegara al Congreso, pero creo que me equivoqué.

Con el proyecto de ley promovido por Uber...

Sí, pero entonces ¡era el proyecto de ley de Uber! Eso es una visión cortoplacista para un problema específico. El problema es muy complejo y requiere una actividad intersectorial.

¿Tienen expectativa sobre la reglamentación del Ritel?

Una de las cosas que hacen que los países se desarrollen es que existan reglamentaciones claras.  Con el Ritel se buscó dar reglas mínimas para que las construcciones del país sigan lineamientos concretos respecto a la instalación de redes de comunicación en las edificaciones. Pero hubo un inconveniente: no existió un diálogo adecuado entre el Ministerio de Vivienda y el Mintic. El Ministerio de Vivienda en su momento dice que la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) no se puede afectar con sobrecostos, entonces se decidió volver a estudiar el tema. La Comisión de Regulación de Comunicaciones en su análisis posiblemente dará pautas diferentes para esas instalaciones en VIS y VIP, y que el resto quede tal como se había planteado. Creo que es bueno para todo el mundo tener los lineamientos claros y sería una mejora sustancial en la calidad de nuestras construcciones.

¿Qué tipo de consideraciones para VIS y VIP se podrían tener?

¿Debo poder exigir dos o tres antenas para prestar dos o tres servicios diferentes en un edificio VIS, o debo tratar de mejorar las condiciones para tener edificios con servicios adecuados pero menos instalaciones? Deberíamos estar pensando en que esas viviendas estén en la punta de la tecnología, por ejemplo, en banda ancha, con consideraciones especiales. Es decir, pensar si tiene sentido permitir que en un sitio VIS o VIP haya una selección de seis operadores, o más bien exigir que los operadores, o los pocos que lleguen, lo hagan con la máxima tecnología.

En el tema de infraestructura, ¿ve que el escándalo de Odebrecht esté desincentivando la inversión en el sector?

En este momento la corrupción no tiene profesión. Hace tres años el escándalo estaba en el sector salud. Hoy nos cayó en el lado de la construcción de carreteras. La gente sí se desincentiva, pero la lucha tiene que ser generalizada en cualquier sector. Si esa lucha nos desacelera, pues que así sea, pero acabemos con la corrupción.

Los contratistas dicen que contratar con el Estado casi siempre está atado a que les pidan algo a cambio. ¿Qué opina ACIEM sobre eso?

Lo hemos estado trabajando, el contratista no puede ceder a esas condiciones. Nuestra solicitud la expresamos a la Contraloría y a la Procuraduría. Con la Fiscalía deberían unirse y crear un grupo que evitara el pimpón de que se denuncia en Fiscalía, para que luego revise la Procuraduría y después la Contraloría. En cambio, que todos estuvieran con los ojos encima de cada proyecto. Nuestra solicitud fue bien recibida en los tres entes. Hemos tenido conversaciones tanto con la Contraloría como con la Procuraduría, para tratar, como gremio, de acompañarlas, porque desde que se abre una licitación se ponen las trampitas para que después se puedan hacer esos “negociados”.

Recientemente la Contraloría advirtió el uso indebido que Electricaribe hizo de recursos que debieron haber ido para subsidios. ¿Cuál es la opinión de ACIEM?

Desde un principio vimos que para que Electricaribe pudiera cumplir tenía que hacer reformas relacionadas a sus problemas de gestión. Lo advertimos varias veces y eso no resolvió. Al no darse, creíamos que lo más conveniente era la intervención estatal, apoyamos que así fuera. No fue una medida muy aplaudida porque tenemos el recuerdo de intervenciones terribles, como en el sector salud, pero en este caso era necesario para por lo menos parar el sistema y ver soluciones hacia adelante. Lo que demuestra el informe de la Contraloría es la punta del iceberg. El sistema no se estaba manteniendo ni se estaban haciendo las inversiones. El gran problema es que no ha habido inversión y se termina prestando un mal servicio porque los equipos no dan abasto. Esa es una espada de Damocles que sigue estando sobre Electricaribe.

¿Cuál es ahí la responsabilidad de la casa matriz?

Diría que toda.

Si esta es la punta del iceberg, ¿qué hay debajo?

En otros años, ya habíamos tenido expertos en Barranquilla y Cartagena dialogando con investigadores de la Contraloría para poder analizar de forma más exacta los hallazgos que ellos estaban encontrando, cuáles eran las implicaciones técnicas de cada hallazgo. En esta ocasión cogieron la facturación de 2015 y 2016, y vieron, factura por factura, cómo estaban aplicando los subsidios. Hay que ver qué pasó con los dineros que debían estar yéndose a inversiones, a mantenimiento, que se desviaron hacia otros sectores en la misma empresa. No digo que se los hayan sacado, pero lo que iba para mantenimiento se fue a cubrir déficits generados por otros problemas de operación.

¿Podría tener similitudes con el caso Reficar?

No. Es bien diferente. En Electricaribe, el gobierno da un subsidio para que no se cobre tanto en estratos bajos, pero, en lugar de eso, la plata se la llevan a tapar lo que se debía a los generadores. No había capacidad financiera, compraban la energía en bolsa y no en contratos de largo plazo. Creo que en el caso Reficar fue un sobredimensionamiento del proyecto lo que llevó a sobrecostos. Alguien me explicaba el otro día que es como si yo tengo que transportar dos bultos de cemento, y me compro un Renault 4, pero después veo que no son dos sino cuatro bultos, más dos personas que los carguen. Me compro una camioneta con platón, y luego decido que necesito una doble cabina, y termino comprando una tractomula. La inversión está hecha, el cemento se puede cargar, pero es que teníamos que comprar un Renault 4 y no una tractomula.

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