"Así nos desaceleremos en la actividad económica, acabemos la corrupción": presidente de ACIEM

Entrevista con el diario El Espectador 

Antonio García es el presidente nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM, gremio que este mes celebra sus 60 años de existencia. En diálogo con El Espectador, se refirió a varios temas que son de interés para este órgano consultivo del Gobierno.

En cuanto al más reciente debate en la industria de las telecomunicaciones, el fallo de un tribunal de arbitramento que obliga a Movistar y a Claro a pagar cerca de $4,7 billones a la Nación, cree que esa es una decisión que debe cumplirse y que no hay razones para que se afecte el desarrollo del sector ni, particularmente, la subasta de la banda de espectro de 700 MHz, la más codiciada por los operadores móviles, por sus características de cobertura y velocidad.

Es algo beneficioso aunque para los operadores no estén dadas las condiciones. Si esperamos a solucionar todos los problemas y se tranca la subasta, estaríamos retrasando mucho el desarrollo tecnológico. Esa banda nos permitirá llegar a zonas rurales apartadas. Debe hacerse lo antes posible y, paralelamente, se tienen que solucionar otras discusiones. Cada cual tiene sus razones, como los problemas de inequidad o de mercados dominantes que existen, pero creo que eso se debería ir trabajando en paralelo con la entrada de la banda de 700 MHz.

Ha habido críticas de que al Mintic le ha faltado liderazgo en las discusiones respecto a la disrupción de la tecnología en diferentes sectores de la economía. ¿Qué opina?

Más que falta de liderazgo, creo que ha habido una confusión a nivel de todo el Gobierno. Uber o Airbnb son la punta del iceberg en el desarrollo tecnológico que se viene. Hablar de Uber es hablar del pasado. Hoy ya hablamos de autos sin conductor. Esto exige una regulación acorde con el desarrollo. Y tienen que intervenir todos: DNP, Mintransporte... Una mesa de trabajo intergubernamental para dar soluciones. El Mintic no puede decir de un momento a otro “esto es ilegal, acabémoslo”. El precedente jurídico sería gravísimo. No es un problema sencillo. La tecnología está pasando por encima de nuestros esquemas institucionales. Vi con buenos ojos que el tema llegara al Congreso, pero creo que me equivoqué.

Con el proyecto de ley promovido por Uber...

Sí, pero entonces ¡era el proyecto de ley de Uber! Eso es una visión cortoplacista para un problema específico. El problema es muy complejo y requiere una actividad intersectorial.

¿Tienen expectativa sobre la reglamentación del Ritel?

Una de las cosas que hacen que los países se desarrollen es que existan reglamentaciones claras.  Con el Ritel se buscó dar reglas mínimas para que las construcciones del país sigan lineamientos concretos respecto a la instalación de redes de comunicación en las edificaciones. Pero hubo un inconveniente: no existió un diálogo adecuado entre el Ministerio de Vivienda y el Mintic. El Ministerio de Vivienda en su momento dice que la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) no se puede afectar con sobrecostos, entonces se decidió volver a estudiar el tema. La Comisión de Regulación de Comunicaciones en su análisis posiblemente dará pautas diferentes para esas instalaciones en VIS y VIP, y que el resto quede tal como se había planteado. Creo que es bueno para todo el mundo tener los lineamientos claros y sería una mejora sustancial en la calidad de nuestras construcciones.

¿Qué tipo de consideraciones para VIS y VIP se podrían tener?

¿Debo poder exigir dos o tres antenas para prestar dos o tres servicios diferentes en un edificio VIS, o debo tratar de mejorar las condiciones para tener edificios con servicios adecuados pero menos instalaciones? Deberíamos estar pensando en que esas viviendas estén en la punta de la tecnología, por ejemplo, en banda ancha, con consideraciones especiales. Es decir, pensar si tiene sentido permitir que en un sitio VIS o VIP haya una selección de seis operadores, o más bien exigir que los operadores, o los pocos que lleguen, lo hagan con la máxima tecnología.

En el tema de infraestructura, ¿ve que el escándalo de Odebrecht esté desincentivando la inversión en el sector?

En este momento la corrupción no tiene profesión. Hace tres años el escándalo estaba en el sector salud. Hoy nos cayó en el lado de la construcción de carreteras. La gente sí se desincentiva, pero la lucha tiene que ser generalizada en cualquier sector. Si esa lucha nos desacelera, pues que así sea, pero acabemos con la corrupción.

Los contratistas dicen que contratar con el Estado casi siempre está atado a que les pidan algo a cambio. ¿Qué opina ACIEM sobre eso?

Lo hemos estado trabajando, el contratista no puede ceder a esas condiciones. Nuestra solicitud la expresamos a la Contraloría y a la Procuraduría. Con la Fiscalía deberían unirse y crear un grupo que evitara el pimpón de que se denuncia en Fiscalía, para que luego revise la Procuraduría y después la Contraloría. En cambio, que todos estuvieran con los ojos encima de cada proyecto. Nuestra solicitud fue bien recibida en los tres entes. Hemos tenido conversaciones tanto con la Contraloría como con la Procuraduría, para tratar, como gremio, de acompañarlas, porque desde que se abre una licitación se ponen las trampitas para que después se puedan hacer esos “negociados”.

Recientemente la Contraloría advirtió el uso indebido que Electricaribe hizo de recursos que debieron haber ido para subsidios. ¿Cuál es la opinión de ACIEM?

Desde un principio vimos que para que Electricaribe pudiera cumplir tenía que hacer reformas relacionadas a sus problemas de gestión. Lo advertimos varias veces y eso no resolvió. Al no darse, creíamos que lo más conveniente era la intervención estatal, apoyamos que así fuera. No fue una medida muy aplaudida porque tenemos el recuerdo de intervenciones terribles, como en el sector salud, pero en este caso era necesario para por lo menos parar el sistema y ver soluciones hacia adelante. Lo que demuestra el informe de la Contraloría es la punta del iceberg. El sistema no se estaba manteniendo ni se estaban haciendo las inversiones. El gran problema es que no ha habido inversión y se termina prestando un mal servicio porque los equipos no dan abasto. Esa es una espada de Damocles que sigue estando sobre Electricaribe.

¿Cuál es ahí la responsabilidad de la casa matriz?

Diría que toda.

Si esta es la punta del iceberg, ¿qué hay debajo?

En otros años, ya habíamos tenido expertos en Barranquilla y Cartagena dialogando con investigadores de la Contraloría para poder analizar de forma más exacta los hallazgos que ellos estaban encontrando, cuáles eran las implicaciones técnicas de cada hallazgo. En esta ocasión cogieron la facturación de 2015 y 2016, y vieron, factura por factura, cómo estaban aplicando los subsidios. Hay que ver qué pasó con los dineros que debían estar yéndose a inversiones, a mantenimiento, que se desviaron hacia otros sectores en la misma empresa. No digo que se los hayan sacado, pero lo que iba para mantenimiento se fue a cubrir déficits generados por otros problemas de operación.

¿Podría tener similitudes con el caso Reficar?

No. Es bien diferente. En Electricaribe, el gobierno da un subsidio para que no se cobre tanto en estratos bajos, pero, en lugar de eso, la plata se la llevan a tapar lo que se debía a los generadores. No había capacidad financiera, compraban la energía en bolsa y no en contratos de largo plazo. Creo que en el caso Reficar fue un sobredimensionamiento del proyecto lo que llevó a sobrecostos. Alguien me explicaba el otro día que es como si yo tengo que transportar dos bultos de cemento, y me compro un Renault 4, pero después veo que no son dos sino cuatro bultos, más dos personas que los carguen. Me compro una camioneta con platón, y luego decido que necesito una doble cabina, y termino comprando una tractomula. La inversión está hecha, el cemento se puede cargar, pero es que teníamos que comprar un Renault 4 y no una tractomula.

¿Por qué se incendian las baterías de los celulares?

Un pasajero de 28 años resultó herido dentro de un bus de TransMilenio de la ruta D20 por la troncal Caracas, luego de que se le incendió la batería de su celular en el bolsillo izquierdo del pantalón. Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la estación Olaya del sistema de transporte masivo de Bogotá este jueves, alrededor de las 7:30 de la mañana.

La explosión le causó al usuario quemaduras de segundo grado en el muslo y la rodilla. El herido fue trasladado al Hospital de Santa Clara luego de ser atendido dentro de la estación, según el reporte de la Secretaría de Salud.

El comandante de la Policía de TransMilenio, coronel Néstor Meléndez Trujillo, confirmó que "se reventó el líquido de la batería" y quemó la pierna izquierda del joven.

El celular es de la marca Alcatel y fue adquirido en Venezuela. Dicha compañía aseguró que “los hechos exactos que dieron origen al accidente aún son motivos de investigación. Sabemos que el teléfono no fue comprado en Colombia, pero desconocemos las circunstancias que ocasionaron el accidente, la manipulación al que haya sido expuesto el equipo o las modificaciones que pudiera haber tenido”.

Pero, ¿por qué se incendian las baterías de los celulares? Es cierto que la mayoría de los fabricantes de teléfonos dotan a sus sistemas de medidas de seguridad que evitan la sobrecarga, sin embargo, algunas prácticas inadecuadas como dejar conectado el celular toda la noche con un cargador que no es original, puede afectar su vida útil.

De acuerdo con Giovanni Baquero, ingeniero electrónico y profesor de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, “las baterías de litio (incluidas en la mayoría de dispositivos como celulares, tabletas y portátiles) son de alta densidad de energía, es decir que almacenan mucha energía y pueden explotar cuando esa energía se libera en un lapso de tiempo rápido”.

Según Antonio García Rozo, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), “las baterías de celulares, en especial, las de tecnología lithium-ion (batería de iones de litio) se pueden recalentar a causa de defectos de fabricación” teniendo en cuenta que “los iones de litio son un material inflamable que, a pesar de estar protegido por láminas, puede causar una explosión. Dicho calentamiento produce gases al interior de la batería, que al estar encerrados en un empaque completamente sellado, se expanden y terminan generando una explosión”.

“Cuando cargas el celular y ves que está caliente o cuando se utiliza mucho y se toca de un lado al otro y se calienta, eso evidencia el proceso de carga y descarga de la batería”, añade Baquero.

El experto asegura que en el caso del ciudadano en TransMilenio lo más probable es que “la batería ya estaba vencida, se calentó mucho y se pudo incendiar. La otra posibilidad que puede suceder es que alguien saque la batería del celular y 'cortocircuite' los terminales, pero eso sería una manipulación voluntaria”.

Recomendaciones

· Lo primero que se debe tener en cuenta es estar atento a señales de alarma. García asegura que una de ellas es que la batería de su teléfono se “hinche”. “Vale la pena decir que para evitar este tipo de eventos, es necesario no someter el equipo móvil a temperaturas superiores a los 55 grados centígrados”, recomienda.

· Si detecta que se está calentando mucho, deje de usarla. “Una vez una batería se está calentando demasiado se puede apagar el teléfono para evitar problemas pero esa batería ya se envejeció. Lo mejor es dejarla de usar”.

· Usar cargadores originales.

· Baquero recomienda que, cuando se compre una batería nueva o un celular por primera vez, se deben seguir las instrucciones proferidas por el fabricante.

Lo que viene en la pelea de operadores y Mintic

La condena de un tribunal de arbitramento contra Claro y Movistar, por $4,7 billones, no sólo sienta un duro precedente jurídico en el país, sino también abre una serie de preguntas sobre el desarrollo de un sector que atraviesa por un momento difícil debido a factores como mayores impuestos al consumo. Por ejemplo, en 2016, los servicios de correo y telecomunicaciones cayeron 1,9 %, según cifras del Departamento Nacional de Estadística (DANE). (Lea "Futuro incierto para las TIC")

El pleito entre el Ministerio TIC y las empresas viene desde 2013, cuando la Corte Constitucional dijo que a estos operadores sí les aplica una cláusula conocida como reversión de activos: es decir, tendrían que devolver los equipos y la infraestructura con la que operan o, en este caso, pagar por ella. La condena de este martes del tribunal de arbitramento fue cuantificar la cuantía del pago: $3,1 billones para Claro y $1,6 para Movistar.

Entre los analistas consultados hay un cierto consenso en que la decisión del tribunal no resulta sorpresiva, pues en últimas está ratificando lo que ya había dicho la Corte hace cuatro años. “Lo primero que se tiene que dejar claro es que en Colombia no se está atentando en contra de la inversión extranjera. El fallo se dio en línea con las leyes colombianas. Desde un principio se sabía que Claro y Movistar iban a perder la demanda, pues la ley dice que se debe seguir lo que dice el contrato”, opina Julián Cardona, expresidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) y consultor en telecomunicaciones y TIC.

En un sentido similar se expresó Juan David Duque, secretario general del Mintic, al decir que “las condenas económicas son duras. Pero esto es algo que no toma por sorpresa a los operadores. Es un pleito de hace varios años”.

“El momento es lo que complica todo. Esto se veía venir, pero la aspiración es que el monto fuera mucho menor. Uno podría decir que las compañías deberían estar preparadas para asumir este escenario. Pero es normal que las casas matrices bajen el ritmo de inversión mientras se discute qué va a pasar. Las empresas no se van a suicidar dejando de invertir, pero sí pueden frenar el paso al que lo venían haciendo”, opina Daniel Medina, exministro de las TIC.

Una de las inversiones críticas en el sector es la subasta del espectro de 700Mhz, que el Gobierno espera finalizar a finales de este año o principios del próximo. Hay que tener en cuenta que este proceso arrancó en 2015 y durante 2016 no hubo anuncios al respecto. Esta porción del espectro electromagnético es muy codiciada por los operadores, pues permite que la información viaje a altas velocidades, con menores interferencias, pero con gran cobertura. También es importante para la prestación del servicio de cara a los usuarios, pues permite la expansión de las conexiones móviles 4G, que hoy tienen una participación de 30 % en el mercado nacional.

“La decisión del tribunal de arbitramento no tiene por qué afectar la subasta de espectro ni el futuro desarrollo de los proyectos del sector ni a los usuarios. El laudo arbitral sobre la reversión de la infraestructura de telefonía móvil celular debe cumplirse a cabalidad, y éste no debería generar ninguna afectación para las telecomunicaciones del país”, opina Antonio García Rozo, presidente de Aciem.

El exministro Medina opina que la discusión alrededor de la subasta puede no estar alineada con el fallo, pues los reparos de los operadores tenían que ver más con las condiciones del proceso. Por su parte Duque, del Mintic, dice que “la decisión de participar en la subasta es empresarial. El Gobierno quiere llevar a cabo el proceso. El espectro es un bien necesario para prestar el servicio, pero también para mejorar en cobertura, para crecer”.

Cardona tiene otra posición al respecto: “La subasta del espectro podría verse afectada, pues los operadores ya habían indicado que por la situación económica del país no tienen los recursos para participar activamente en el proceso. Y la situación empeoró, pues ahora tienen la incertidumbre de no saber si deben pagar sus multas. Por esto creo que el Gobierno debería contemplar aplazar la subasta”.

Para Medina, uno de los puntos claves es el destino que tendrán los recursos que el fallo les ordena a pagar a las compañías. “Los impactos de la decisión también dependerán de dónde se quede ese dinero. Si se reinvierte en el sector, eso duplicaría el presupuesto del Fontic, y con eso usted podría ampliar la banda ancha para estratos bajos o la última milla en sector rural, por ejemplo. Esto podría ayudar a recuperar la confianza inversionista”.

Medina hace referencia al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el cual se financia la inversión en estos temas en el país. Al respecto, Duque asegura que los recursos “en primera medida entrarían al Fontic. Esto no debería hacer crecer el presupuesto de la entidad, sino que garantizaría el desarrollo del sector durante 20 o 30 años”.

Las compañías no se han pronunciado más allá de lo que dijeron al conocerse la noticia, aunque se sabe que Claro, por ejemplo, tiene un proceso ante un tribunal extranjero por este mismo tema. Los pasos que tomen las empresas determinarían una porción del futuro de las telecomunicaciones.

¿Qué mensaje le da este fallo al sector? García Rozo, de Aciem, responde: “El laudo arbitral demuestra que se cumplieron unas condiciones jurídicas para que cada uno de los actores inmiscuidos en el proceso de reversión de la infraestructura de telefonía móvil celular (Estado-operadores) pusiera sobre la mesa sus puntos de vista para la defensa de sus intereses”.

Las consultas populares siguen en el ojo del huracán

 

El tema de las consultas populares sigue presente en los escenarios que reúna a petroleros y representantes de la industria extractiva. En la conferencia energética colombiana Enercol que organiza ACIEM, hasta el exnegociador de paz en la habana, Humberto de la Calle Lombana se refirió a ellas. "Se ha ido degradado el funcionamiento de esas consultas", dijo, y consideró que el Gobierno tiene que refinar la forma como el Estado aplica la normatividad en materia de consultas.

"No es una buena señal lo que está pasando con las consultas populares en el sector minero-energético del país", advirtió Antonio García, presidente de ACIEM.

La proliferación de este tipo de plebiscito tiene en problemas a algunas empresas petroleras y varias compañías extractiva. Ecopetrol no descarta la posibilidad de invertir en el exterior con tal de no ver muy disminuida sus reservas. Hay que buscar petróleo donde esté dijo el presidente de la estatal petrolera, Juan Carlos Echeverry. Consideró hasta la posibilidad de invertir en la vecina Venezuela y Argentina.

"Muchas (consultas) se han vuelto patrañas, focos de corrupción. Hay ciudadanos que se organizan simplemente para sacar ventajas y ejercer presión sobre los inversionistas, para obtener incluso lucro personal", advirtió el exnegociador de paz. Dijo que de pronto aparecen comunidades de raigambre indígena que no estaban antes de anuncio de un proyecto para obtener unas determinadas ventajas.

Para el presidente de ACIEMel desconocimiento de las comunidades sobre la forma como se desarrollan las labores extractivas de minería y exploración de hidrocarburos, sumado a la ausencia de estudios, amenaza al sector y podría generar consecuencias infortunadas para la economía extractiva de recursos primarios y afectaría el desarrollo de infraestructura energética del país.

“La forma como se está interpretando el sentido de las consultas está generando confusión al considerar que son los municipios los que definen el aprovechamiento de los recursos del subsuelo, con las implicaciones fiscales para la Nación y las regiones”, señaló Antonio García.

"Uso de energías renovables, clave para futuro de Costa Caribe": ACIEM

Por:Departamento de Comunicaciones ACIEM

"Antes de construir un nuevo modelo de comercialización y distribución en la Costa Caribe, con uno o más operadores, es necesario identificar las necesidades de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3": así lo explicó el Ing. Antonio García Rozo, Presidente Nacional de ACIEM, durante el Foro: “El Futuro de la Distribución de Energía en la Región Caribe”, que organizó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y el periódico El Heraldo, ayer en la ciudad de Barranquilla.

Durante su participación en el panel: “Inversiones y estructura del mercado”, el vocero oficial de ACIEM enfatizó en que antes de buscar un nuevo modelo, es fundamental caracterizar a los usuarios y entender las causas que han llevado a la cultura de no pago. “Si bien estos usuarios, desde el punto de vista energético representan un porcentaje muy pequeño, sí deben tenerse en cuenta a la hora de tomar medidas para evitar que siga dándose un círculo vicioso. La construcción de un nuevo modelo requiere conocer cuáles son las necesidades y problemas de los estratos bajos” agregó el Ing. Antonio García.

Durante el evento, en el que academia, gremios, industria y representantes de los usuarios analizaron cómo debe ser el camino para una adecuada configuración del servicio de energía en la región Caribe, Antonio García reiteró que para avanzar en la búsqueda del modelo más idóneo, con uno o varios operadores, es necesario revisar detalladamente las restricciones legales, económicas y operativas que han impedido la prestación de un servicio eficiente.

Al finalizar el debate, el Presidente Nacional de ACIEM manifestó la urgencia de buscar nuevas soluciones para la generación de energía en la Costa Caribe, aprovechando sus recursos naturales. “El uso de fuentes no convencionales y alternas de energía será crucial para el futuro de la Región Caribe. Se necesita hacer un esfuerzo muy grande para incorporar dentro del marco regulatorio a aquellos mercados alternos como el de La Guajira y otros distantes de los grandes centros de consumo. En un punto determinado, las soluciones para lugares apartados no estará en recurrir a grandes líneas de transmisión sino a nuevos esquemas de generación”: explicó García Rozo.

ACIEM explicó ante los panelistas que la apertura tecnológica a nuevas fuentes de generación de energía requiere de apoyo profesional para su ejecución y del recurso económico otorgado por el Estado. Adicionalmente es clave analizar el entorno social donde se aplican. “Algunos de los proyectos que desde el gobierno se han venido apoyando para el desarrollo de la Costa Caribe, han tenido el éxito adecuado gracias a la socialización con los usuarios para que ellos sean quienes se apropien de las tecnologías y de sus beneficios a largo plazo”, puntualizó García Rozo.

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