¿Colombia debería comprar un satélite de comunicaciones?

Un satélite de comunicaciones es puesto en órbita para brindar conectividad a lugares en donde no existe suficiente infraestructura de telecomunicaciones terrestres. De ahí su importancia, sobre todo en un país con las condiciones geográficas de Colombia.

Esta tecnología no es nueva y de ella dependen, por ejemplo, las comunicaciones bancarias, marítimas o petroleras.

Pese a que el país no tiene un satélite de comunicaciones propio, no significa que no utilice dicha tecnología. De hecho, en agosto de este año, la compañía Hughes Network Systems anunció que desplegará internet satelital en el territorio nacional, con el que contempla conectar a aproximadamente 480.000 colombianos.

Se estiman velocidades de descarga de 10-20 Mbps, velocidades de carga de 1-2 Mbps y datos de 30 o 75 giga-bytes. 

Pero, ¿por qué no un satélite propio? Jorge Hernando Pedraza, senador conservador, sostiene que adquirir dicha infraestructura consolidaría a Colombia como un referente en la región.

“El país no cuenta hoy con una infraestructura satelital, tiene apenas unos esquemas prestados por servicios de integradores. Hoy es inminente que un Estado tenga su propio acceso satelital por razones de comunicación, por temas de defensa y seguridad nacional y soberanía. Además, podría ser un canal por donde se podría ampliar la cobertura educacional”, agregó el congresista.

El Estado ya había puesto sobre la mesa este asunto. En 2010, el gobierno propuso adquirir un satélite mediante el proyecto Satcol, contemplado en el documento Conpes 3579. 

No obstante, el proyecto fue archivado debido a los altos costos (en ese entonces, la inversión ascendía a 250 millones de dólares).

Se estima que en la actualidad un satélite de comunicaciones de alta transmisión de datos puede costar 1.000 millones de dólares. Es una tecnología que se puede adquirir en Estados Unidos, Israel o Europa.

Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, opina que Colombia no debería adquirir un satélite de comunicaciones, pues esos recursos se podrían invertir para generar mayores servicios adquiriendo capacidad en satélites ya existentes.

“La discusión sobre si Colombia debería tener o no su propia infraestructura satelital es de décadas pasadas. No está en el ADN de los países de América Latina gestionar de manera eficiente este tipo de inversiones. Es mejor dedicar esos fondos para que, en un corto plazo, los privados puedan subsidiar ese servicio. No hay ninguna garantía de que tener un satélite pueda ser una política de Estado duradera en el tiempo”, advirtió el ejecutivo.

Consultada por EL TIEMPO, Martha Suárez, directora de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), aseguró que antes de tomar una decisión de compra es necesario conocer las necesidades del país.

“Los satélites de comunicaciones son una tecnología más. Como las demás alternativas (fibra óptica, enlaces microondas y la red celular), tiene sus pros y contras (...). Por eso hay que ser muy pragmático desde el punto de vista técnico y preguntarse qué es lo que de verdad necesitamos. Es importante, por eso, medir la relación beneficio-costo”, agregó.

Añadió: “Si el satélite es para defensa, es evidente su uso. Pero si es para conectarnos a internet, debemos hacer la analogía con la red celular: ¿queremos que sea nuestra o usamos un operador privado?”.

Por su parte, Antonio García Rozo, presidente nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), aseguró que antes de pensar en comprar un satélite de comunicaciones, es vital explotar las capacidades de la infraestructura de conectividad que se desplegó con el Plan Nacional de Fibra Óptica que hoy llega a más de 788 municipios y a más de 2.000 instituciones públicas. 

"Aprovechar mejor esta infraestructura con tarifas accesibles, permitiría llega a un mayor número de colombianos con mejores servicios, condiciones técnicas y económicas", puntualizó García.
 

Además, el presidente advirtió que "antes de considerar la viabilidad de un satélite, es necesario dar a conocer los estudios de necesidades que se han realizado en la materia para determinar si se debe realizar una inversión de gran magnitud para el presupuesto del país”.

Así funciona un satélite 

De acuerdo con la directora de la Ane, un satélite de comunicaciones funciona como un espejo: Antenas receptoras captan señales emitidas desde estaciones en tierra y luego el satélite las capta y se encarga de distribuirlas en la Tierra. 

Esta infraestructura funciona en tres bandas de frecuencia: 
- C: Permite coberturas continentales
- Ku: Coberturas de medio continente 
- Ka: Puede cubrir un departamento 

Generalmente, los satélites se ubican a 36.000 kilómetros de altura (puede variar según las necesidades) con respecto a la Tierra. Por tal razón, el tiempo que tarda un mensaje en ir y volver es más largo (latencia), si se compara con la fibra óptica. Estimaciones indican que la latencia en las comunicaciones satelitales pueden ser entre 10 y 15 segundos. Se estima que la vida útil de un satélite es de 15 a 20 años.

Lupa al proyecto de ley que quiere un solo regulador para TIC y televisión

Expertos, representantes del sector privado y Mintic se refieren a los puntos que más llaman la atención sobre la propuesta legislativa que radicó el Gobierno esta semana en el Congreso de la República.

Pocas horas después de que el Mintic radicó el proyecto de ley para crear un único regulador para las comunicaciones, se empiezan a conocer las primeras reacciones de los expertos y jugadores del sector frente a la iniciativa. Se trata de varios puntos que, seguramente, saldrán a relucir durante los cuatro debates que tiene por delante esta propuesta legislativa.

Lo primero es que sin duda hay consenso sobre que crear un regulador convergente para las TIC -como internet móvil- y para la televisión es acertado, pues en el país cada vez hay más usuarios que ven contenidos audiovisuales desde la red, por ejemplo. El mundo va en esa dirección. “Hoy las comunicaciones son totalmente convergentes, pero la regulación no. Por ejemplo, existe un regulador para Blu Radio y otro para Caracol (televisón). Así que acogimos recomendaciones de la OCDE, Unesco, la industria y académicos, que venían señalando lo importante que es tener un único regulador”, explicó a este diario el ministro TIC, David Luna. 

Un asunto de identidad

Al explorar más allá del nombre, queda claro que expertos del sector interpretan la naturaleza de la nueva entidad de formas distintas. Para Ómar Rincón, crítico de televisión y director del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes, el nuevo ente regularía “solo desde lo tecnológico y se pierde la oportunidad de lo cultural y la producción televisiva”. Sin embargo, Daniel Medina, exministro TIC, lo ve con otra perspectiva.

Medina afirma: “Se parece bastante más a la ANTV que a la CRC, lo cual preocupa”. Explica que se trataría de un regulador que ejercería política en televisión y radio, otorgaría concesiones, definiría pagos y además manejaría los recursos del fondo de la televisión. “La CRC no hace nada de eso, es un regulador más técnico”, agrega.

Desde el sector privado se advierte una suerte de ambigüedad, “en tanto pareciese que quedan dos entidades del Estado realizando funciones de política pública. Consideramos que la definición y ejecución de la política pública en materia de televisión debería quedar en cabeza del Mintic, quien la desarrolla través de los recursos del Fontv (Fondo para el Desarrollo de la Televisión)”, asegura Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta del gremio Asomóvil.

El asunto de la junta

Una de los temas que más han resonado entre actores del sector es la conformación de la junta directiva. Esta estará compuesta por cinco miembros, llamados “comisionados”. Dos serían representantes del presidente de la República y tres serían escogidos por universidades para que representen a la sociedad civil.  

Antonio García, Presidente Nacional de ACIEM, sostiene que una de las inquietudes que tiene el gremio es con respecto a la selección de esos comisionados. “Creemos que se debería seguir el esquema que se ha tenido con los actuales comisionados de la CRC, para que no haya influencias políticas. Que sea el presidente quien designa a los cinco comisionados, con nivel técnico e idoneidad”. Pero, así como están las cosas, García cree que la universidad que debería liderar en esa selección es la Universidad Nacional.

Asomóvil, por su parte, opina que, si bien la regulación debe mantener independencia del Ejecutivo, “no debe ser ajena a los objetivos de política pública de mediano y largo plazo. Por lo tanto, consideramos que, haciendo un símil con la composición de la junta del Banco de la Republica, el ministro y el director del DNP (Departamento Nacional de Planeación) deberían tener voz y no voto en las decisiones de la junta de la nueva comisión”.

El ministro Luna aclaró que los representantes de la sociedad civil “los escoge una universidad, producto de un proceso público que inicia y termina el Mintic”. Agregó que cada una de las tres universidades diferentes escogería a uno de estos tres comisionados, con base en los requisitos que dicta la ley, de ser aprobada. “La sociedad civil son la industria, la academia, cualquier persona que cumpla con los requisitos, y puede participar en un proceso de selección. Si su capacidad académica da los mejores resultados será la persona seleccionada”.

El asunto de los fondos

El proyecto de ley radicado por el Mintic contempla que el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, creado en 2012, pasará a manos de la Comisión de Comunicaciones. Con estos recursos, básicamente, se financia la televisión pública. De otro lado, se mantiene el Fontic, cuyos fondos se utilizan para financiar el acceso de los ciudadanos a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

A ambos fondos aportan las empresas privadas de cada sector (TV y TIC). Sin embargo, el reclamo, durante años, ha sido que esas contraprestaciones se equiparen para poder competir en condiciones más equitativas. Por eso, lo primero que resalta que el Mintic es que existiría “una única tarifa, una contraprestación convergente. Hoy todos (las empresas del sector) aportan diferentes porcentajes sobre sus ingresos. La idea es que exista un único porcentaje para que el sector sea más competitivo”. 

Andesco, que agremia empresas como Claro, Telefónica y Directv, cree que eso es positivo, pero que debería pensarse en un único fondo, un fondo convergente, como incluso lo ha propuesto el DNP. “Con un fondo más robusto en recursos se tiene la posibilidad de disminuir la carga tributaria para las empresas, que, así, tendrían recursos para invertir”, asegura Alberto Solano, director de la Cámara de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Televisión de Andesco. Hace énfasis en que la inversión en un sector como este es trascendental, y más teniendo en cuenta que su aporte al PIB ha venido cayendo en los últimos siete trimestres.

ACIEM espera que la Comisión no intervenga en el manejo de fondos. Mientras tanto, Daniel Medina apunta que no se establece un plazo para la adopción de una tarifa única y cree que las “contraprestaciones altas (hasta ahora) no se han traducido en mayor cobertura, velocidad o calidad a los usuarios. Y, además, ahora las (contraprestaciones) de TIC van a subsidiar la televisión pública", como, de ser necesario, prevé el artículo 37 del documento radicado.

El asunto ‘Netflix’

El sector de comunicaciones y TIC, pero particularmente la industria de contenidos audiovisuales, han sufrido un revolcón desde la aparición de plataformas como Netflix, conocidas como over-the-top, u OTT, porque funcionan sobre internet. Le llegan al usuario sin la necesidad de hacer grandes inversiones en redes, infraestructura, concesiones, etc., como las que sí tiene que hacer el sector tradicional. 

La desigualdad de condiciones que señalan las empresas ha tratado de zanjarse a través de iniciativas como gravar con IVA servicios como Spotify o Netflix, a raíz de la última reforma tributaria. Sin embargo, el ministro Luna es enfático en afirmar que este proyecto de ley en nada se “mete” con estas plataformas ni con los contenidos. “En Colombia existe el principio de neutralidad de red, que no solo no es modificado, sino que es fortalecido (…). ¿Qué pasaría donde el Ejecutivo tuviera control sobre el contenido? Atentaría contra la libre expresión. Este proyecto reitera el ordenamiento colombiano en virtud de sostener y mantener intacto ese principio”.

Pese a que Omar Rincón resalta el hecho de que la iniciativa del Mintic busque regular “la prestación del servicio de televisión con independencia de la tecnología que se utilice para el efecto”, cree que sí “se desaprovechó para legislar sobre servicios OTT”.

El asunto de una Supertic

Un tema que ha revivido alrededor de esta discusión ha sido la necesidad que existe -o no- de crear una superintendencia TIC, para que vigile este sector.

ACIEM cree que “sería muy importante para que ejerza las funciones de vigilancia. El crecimiento que está teniendo el sector y el tipo de dinámicas que se dan ahí ameritan que tengamos una superintendencia. El sector como está hoy es apenas un 30% de lo que puede llegar a ser”.

El ministro Luna respondió a este asunto señalando que la creación de una “Supertic”, en efecto, se ha discutido, pero se ha descartado. “La supervisión de los derechos de los consumidores en Colombia está en la Superintendencia de Industria y Comercio. El fondo TIC, de hecho, le transfiere anualmente alrededor de $4.000 millones para que ella proteja los intereses de los consumidores”. Añadió que el Mintic tiene hoy la vigilancia sobre las concesiones de radio. Con la propuesta en el proyecto de ley, al desaparecer la ANTV, la vigilancia en materia de televisión quedaría también en el Ministerio.

La discusión apenas comienza

Según el ministro David Luna, “esta iniciativa, más allá de la idea o la posición de cada cual, fue discutida con gremios del sector, por lo que hay bastante consenso. Puede que haya diferencias en unas y otras posiciones puntuales, pero estoy seguro de que se pueden llegar a resolver en las discusiones que adelantaremos”. Este proyecto de ley debe pasar por cuatro debates en el Congreso de la República.

Afirmó que la discusión de esta propuesta legislativa para nada retrasará la tan esperada subasta de espectro de 700 MHz, necesaria para mejorar y masificar la penetración de conexiones 4G en el país. “A diferencia de lo que muchos dicen, (la subasta) no ha sido aplazada (para 2018). Está funcionando dentro de los términos inicialmente mencionados, con retrasos normales, que son los que se resultan de haber recibido más de 150 comentarios y estudiar cada uno en detalle para tomar posición sobre ellos. La subasta sigue adelante”, concluyó Luna. 

¿Colombia necesita un único regulador convergente?

Un único regulador convergente. Esa sería la gran apuesta del Ministerio TIC para enfrentar los cambios generados por la transformación digital en el sector de las telecomunicaciones. 
 
Una idea que desde hace tiempo estaban solicitando los agentes del sector al Gobierno Nacional, luego de la llegada de los nuevos servicios (Netflix, por ejemplo) que suponen cambios significativos en los sectores económicos y productivos del país.
 
De acuerdo con expertos, la existencia de varios reguladores en el país (Comisión de Regulación de Comunicaciones, Autoridad Nacional de Televisión, la Agencia Nacional del Espectro y la SIC) genera desgastes administrativos que no permiten tomar decisiones a tiempo. 
 
El proyecto de ley, que ya fue radicado en el Congreso de la República por el ministro TIC, David Luna, plantea suprimir la ANTV y crear la Comisión de Comunicaciones. Esta nueva entidad, que reemplazará a la CRC, se encargará de regular la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y los servicios de televisión y radiodifusión sonora.
 
El ministro Luna reconoció la necesidad de habilitar un único regulador asegurando que con la Comisión de Comunicaciones será "mucho más fácil la expedición de licencias, concesiones y regulaciones en Colombia". 
 
Agentes del sector ven con buenos ojos la iniciativa, pues dicen que de esa forma es posible enfrentar los retos que supone la transformación digital. 
Galé Mallol, presidenta de la Asociación de Operadores de Tecnología de Información y Comunicaciones de Colombia (Asotic), asegura que al crear un único regular convergente, se está estableciendo una hoja de ruta para la modernización del Estado. 
 
"Aplaudimos el proyecto de ley, porque es necesario para el sector. Al haber tantos reguladores en Colombia, el desgaste administrativo es cada vez más evidente. Con un único regulador convergente, estamos modernizando el Estado y disminuyendo las cargas. Si no nos actualizamos, seguiremos rezagados de lo está pasando en la actualidad", afirmó Mallol. 
 
Además, advirtió que la Comisión de Comunicaciones no solo deberá tener la tarea de regular a los operadores tradicionales, también "es importante que vaya más allá y logre convertirse en un referente técnico para saber hacia dónde se encaminará el sector". 
 
La Comisión de Comunicaciones estará integrada por cinco comisionados, dos designados por el Presidente de la República, mientras que los otros tres serán elegidos por las universidades en representación de la sociedad civil. 
 
En este punto, especialistas en el sector apuntan, que por recomendación de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los reguladores deben ser independientes de los gobiernos y de los entes regulados. En ese orden de ideas se preguntan: ¿Qué tanta independencia tiene el proyecto?
 
Sin embargo, para Antonio García, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), la independencia de la Comisión dependerá de la experiencia laboral de los elegidos.
 
"Yo creo que la independencia de los comisionados dependerá de que tan bien se escojan por sus características académicas y experiencia laboral. Dado que la regulación debe converger al mismo tiempo con las tecnologías, vemos de forma positiva el proyecto de ley que está adelantando el ministerio TIC", añadió García
 
Para Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), la iniciativa reconoce el hecho de que se necesita de una reforma institucional profunda para atender la convergencia actual. 
 
"Si bien es cierto que este proyecto da unos pasos firmes en la dirección correcta, todavía vemos oportunidades para complementar lo que ha presentado el Ministerio TIC. Ejemplo claro de ello, es que seguirá haciendo falta un fondo convergente que reúna los recursos tanto de telecomunicaciones como los de la televisión. Tal y como lo presentó el Presidente de la República en la reunión de Andicom 2017 en Cartagena cuando se refirió al tema con el sector allí presente.
 
La iniciativa deberá cursar cuatro debates ante el Senado y la Cámara de Representantes, para posteriormente pasar a sanción presidencial.

Galería COPIMERA 2017

"Así nos desaceleremos en la actividad económica, acabemos la corrupción": presidente de ACIEM

Entrevista con el diario El Espectador 

Antonio García es el presidente nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM, gremio que este mes celebra sus 60 años de existencia. En diálogo con El Espectador, se refirió a varios temas que son de interés para este órgano consultivo del Gobierno.

En cuanto al más reciente debate en la industria de las telecomunicaciones, el fallo de un tribunal de arbitramento que obliga a Movistar y a Claro a pagar cerca de $4,7 billones a la Nación, cree que esa es una decisión que debe cumplirse y que no hay razones para que se afecte el desarrollo del sector ni, particularmente, la subasta de la banda de espectro de 700 MHz, la más codiciada por los operadores móviles, por sus características de cobertura y velocidad.

Es algo beneficioso aunque para los operadores no estén dadas las condiciones. Si esperamos a solucionar todos los problemas y se tranca la subasta, estaríamos retrasando mucho el desarrollo tecnológico. Esa banda nos permitirá llegar a zonas rurales apartadas. Debe hacerse lo antes posible y, paralelamente, se tienen que solucionar otras discusiones. Cada cual tiene sus razones, como los problemas de inequidad o de mercados dominantes que existen, pero creo que eso se debería ir trabajando en paralelo con la entrada de la banda de 700 MHz.

Ha habido críticas de que al Mintic le ha faltado liderazgo en las discusiones respecto a la disrupción de la tecnología en diferentes sectores de la economía. ¿Qué opina?

Más que falta de liderazgo, creo que ha habido una confusión a nivel de todo el Gobierno. Uber o Airbnb son la punta del iceberg en el desarrollo tecnológico que se viene. Hablar de Uber es hablar del pasado. Hoy ya hablamos de autos sin conductor. Esto exige una regulación acorde con el desarrollo. Y tienen que intervenir todos: DNP, Mintransporte... Una mesa de trabajo intergubernamental para dar soluciones. El Mintic no puede decir de un momento a otro “esto es ilegal, acabémoslo”. El precedente jurídico sería gravísimo. No es un problema sencillo. La tecnología está pasando por encima de nuestros esquemas institucionales. Vi con buenos ojos que el tema llegara al Congreso, pero creo que me equivoqué.

Con el proyecto de ley promovido por Uber...

Sí, pero entonces ¡era el proyecto de ley de Uber! Eso es una visión cortoplacista para un problema específico. El problema es muy complejo y requiere una actividad intersectorial.

¿Tienen expectativa sobre la reglamentación del Ritel?

Una de las cosas que hacen que los países se desarrollen es que existan reglamentaciones claras.  Con el Ritel se buscó dar reglas mínimas para que las construcciones del país sigan lineamientos concretos respecto a la instalación de redes de comunicación en las edificaciones. Pero hubo un inconveniente: no existió un diálogo adecuado entre el Ministerio de Vivienda y el Mintic. El Ministerio de Vivienda en su momento dice que la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) no se puede afectar con sobrecostos, entonces se decidió volver a estudiar el tema. La Comisión de Regulación de Comunicaciones en su análisis posiblemente dará pautas diferentes para esas instalaciones en VIS y VIP, y que el resto quede tal como se había planteado. Creo que es bueno para todo el mundo tener los lineamientos claros y sería una mejora sustancial en la calidad de nuestras construcciones.

¿Qué tipo de consideraciones para VIS y VIP se podrían tener?

¿Debo poder exigir dos o tres antenas para prestar dos o tres servicios diferentes en un edificio VIS, o debo tratar de mejorar las condiciones para tener edificios con servicios adecuados pero menos instalaciones? Deberíamos estar pensando en que esas viviendas estén en la punta de la tecnología, por ejemplo, en banda ancha, con consideraciones especiales. Es decir, pensar si tiene sentido permitir que en un sitio VIS o VIP haya una selección de seis operadores, o más bien exigir que los operadores, o los pocos que lleguen, lo hagan con la máxima tecnología.

En el tema de infraestructura, ¿ve que el escándalo de Odebrecht esté desincentivando la inversión en el sector?

En este momento la corrupción no tiene profesión. Hace tres años el escándalo estaba en el sector salud. Hoy nos cayó en el lado de la construcción de carreteras. La gente sí se desincentiva, pero la lucha tiene que ser generalizada en cualquier sector. Si esa lucha nos desacelera, pues que así sea, pero acabemos con la corrupción.

Los contratistas dicen que contratar con el Estado casi siempre está atado a que les pidan algo a cambio. ¿Qué opina ACIEM sobre eso?

Lo hemos estado trabajando, el contratista no puede ceder a esas condiciones. Nuestra solicitud la expresamos a la Contraloría y a la Procuraduría. Con la Fiscalía deberían unirse y crear un grupo que evitara el pimpón de que se denuncia en Fiscalía, para que luego revise la Procuraduría y después la Contraloría. En cambio, que todos estuvieran con los ojos encima de cada proyecto. Nuestra solicitud fue bien recibida en los tres entes. Hemos tenido conversaciones tanto con la Contraloría como con la Procuraduría, para tratar, como gremio, de acompañarlas, porque desde que se abre una licitación se ponen las trampitas para que después se puedan hacer esos “negociados”.

Recientemente la Contraloría advirtió el uso indebido que Electricaribe hizo de recursos que debieron haber ido para subsidios. ¿Cuál es la opinión de ACIEM?

Desde un principio vimos que para que Electricaribe pudiera cumplir tenía que hacer reformas relacionadas a sus problemas de gestión. Lo advertimos varias veces y eso no resolvió. Al no darse, creíamos que lo más conveniente era la intervención estatal, apoyamos que así fuera. No fue una medida muy aplaudida porque tenemos el recuerdo de intervenciones terribles, como en el sector salud, pero en este caso era necesario para por lo menos parar el sistema y ver soluciones hacia adelante. Lo que demuestra el informe de la Contraloría es la punta del iceberg. El sistema no se estaba manteniendo ni se estaban haciendo las inversiones. El gran problema es que no ha habido inversión y se termina prestando un mal servicio porque los equipos no dan abasto. Esa es una espada de Damocles que sigue estando sobre Electricaribe.

¿Cuál es ahí la responsabilidad de la casa matriz?

Diría que toda.

Si esta es la punta del iceberg, ¿qué hay debajo?

En otros años, ya habíamos tenido expertos en Barranquilla y Cartagena dialogando con investigadores de la Contraloría para poder analizar de forma más exacta los hallazgos que ellos estaban encontrando, cuáles eran las implicaciones técnicas de cada hallazgo. En esta ocasión cogieron la facturación de 2015 y 2016, y vieron, factura por factura, cómo estaban aplicando los subsidios. Hay que ver qué pasó con los dineros que debían estar yéndose a inversiones, a mantenimiento, que se desviaron hacia otros sectores en la misma empresa. No digo que se los hayan sacado, pero lo que iba para mantenimiento se fue a cubrir déficits generados por otros problemas de operación.

¿Podría tener similitudes con el caso Reficar?

No. Es bien diferente. En Electricaribe, el gobierno da un subsidio para que no se cobre tanto en estratos bajos, pero, en lugar de eso, la plata se la llevan a tapar lo que se debía a los generadores. No había capacidad financiera, compraban la energía en bolsa y no en contratos de largo plazo. Creo que en el caso Reficar fue un sobredimensionamiento del proyecto lo que llevó a sobrecostos. Alguien me explicaba el otro día que es como si yo tengo que transportar dos bultos de cemento, y me compro un Renault 4, pero después veo que no son dos sino cuatro bultos, más dos personas que los carguen. Me compro una camioneta con platón, y luego decido que necesito una doble cabina, y termino comprando una tractomula. La inversión está hecha, el cemento se puede cargar, pero es que teníamos que comprar un Renault 4 y no una tractomula.

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